Se cree que el financista de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el financista Ernesto Clarens, Sergio, Fausto y Fabiana Gotti, entre otros imputados, sean llamados a indagatoria bajo el convencimiento de que utilizaron una estructura societaria y financiera para el lavado de activos por más de U$S 160 millones.
El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini en una causa conexa a la corrupción en la obra pública donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita y fraude al Estado.
Según informa Clarín, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Ernesto Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones.
El fiscal Pollicita le planteó al juez federal Julián Erolini en su dictamen que «a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa—, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción».
En ese contexto, Pollicita sostuvo: «se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública».
Según el fiscal ese perjuicio ascendería a «502 millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces».
