Alrededor de 8,6 millones de niños menores de 18 años están alojados en hogares con recursos económicos limitados o en contextos donde se ven privados de sus derechos fundamentales.
Un informe publicado por Unicef indica que siete de cada diez niños en Argentina están viviendo en condiciones de pobreza. Esto significa que alrededor de 8,6 millones de menores de 18 años se encuentran en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde sus derechos fundamentales son violados.
Según los datos reunidos para el segundo semestre de 2023, la pobreza infantil se manifiesta en dos formas: el 57,5% de los niños experimentan pobreza debido a la falta de recursos económicos, mientras que el 43% enfrenta privaciones en cuanto a sus derechos básicos como la educación y la salud. Un 31% de los menores sufre ambas formas de pobreza simultáneamente, lo que afecta a 3,8 millones de niños.
El informe resalta el impacto del deterioro económico general en el aumento de la pobreza y la indigencia. «La canasta básica está aumentando a un ritmo mayor que los índices de inflación general y los salarios», señaló Sebastián Waisgrais, economista especializado en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, subrayando la urgencia de tomar medidas para proteger los ingresos familiares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
Durante el último semestre del año pasado, la indigencia infantil aumentó en un 5%, llegando al 19,4%. «Es la primera vez que observamos un incremento estadísticamente significativo en la indigencia», advirtió Waisgrais. Esto significa que 643.000 niños más cayeron en la indigencia.
Los datos revelan que existen diferencias significativas según la ubicación geográfica, el género y el nivel educativo. La pobreza infantil en los barrios populares alcanza el 84%. La brecha de género muestra un 63% entre las niñas y un 50,8% entre los niños. Además, la pobreza es más alta en hogares con bajo nivel educativo (83%), hogares con madre soltera (68%) y aquellos que residen en barrios populares (84%).
Waisgrais enfatiza la necesidad de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos familiares. «Aunque hemos visto señales positivas en este sentido, es crucial redoblar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», concluyó.
