El fiscal Pollicita ya firmó la solicitud enviada al juez Bonadio; también desea tomarle declaración como sospechoso al ex canciller Timerman, entre otros.
Explicaron que la asistencia que recibían los damnificados era un «derecho adquirido» y que deben continuar percibiendo el beneficio porque rige el principio de «presunción de legitimidad».
Habría efectuado una transacción por casi 4.000.000 de dólares a una compañía que hizo obras públicas durante la gestión del ex gobernador en la Provincia.