Así lo definió la jueza María Alejandra Biotti. El Ejecutivo Nacional había solicitado que la causa sea tramitada en Buenos Aires.
El Gobierno nacional recibió este viernes un nuevo revés en su proyecto para expropiar la cerealera Vicentin, cuando la jueza María Alejandra Biotti rechazó el pedido del presidente Alberto Fernández para que la validez del DNU que dispuso la intervención saliera de la órbita de Santa Fe y se tramitara en la Ciudad de Buenos Aires.
Días atrás el Ejecutivo de la Nación había sufrido el desplazamiento de los interventores designados en la compañía, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, luego de que el juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini restituyera en su puesto al directorio de Vicentin y redujera el rol de los mencionados al de «veedores controladores».
«Fue una situación disruptiva consistente en la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU, en miras al cumplimiento de una futura y eventual ley de expropiación de la sociedad o de su fondo de comercio”, había expresado al respecto el juez de la causa, en la que también se encuentra abierto el planteo formulado por Vicentin respecto a la supuesta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención de la firma.
Según explicó Lorenzini, entendió que él no era el juez competente para decidir acerca de si la decisión del presidente de intervenir una empresa que tiene abierto su concurso preventivo era inconstitucional, por lo que el Gobierno pidió que esa discusión se trasladara a la Ciudad de Buenos Aires.
Ante estepedido, la jueza Biotti destacó: “No caben dudas que la presentación efectuada por el directorio de Vicentin SAIC corresponde a la competencia contencioso administrativo federal en razón de la materia, pues se impugna una norma de carácter federal con argumentos de carácter estrictamente constitucional y convencional”.
Además, la magistrada consideró que “no resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad Avellaneda” resuelva “en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU, cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar”.
Por último, dictaminó que la discusión sobre el DNU de Alberto Fernández y los planteos realizados por el Estado Nacional contra la decisión del Juez del concurso “deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe, ante los que corresponderá la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”.
