De qué se trata esta demanda judicial contra el país y cuál es la estrategia en Casa Rosada para evitar pagar la millonaria sentencia.
El Gobierno nacional se prepara para pedir la anulación del fallo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión) que condenó a la Argentina a pagar US$ 716 millones a la empresa AES Corporation, en el marco de la disputa por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica Alicurá, ocurrida tras la salida de la convertibilidad en 2002.
El laudo internacional, dictado el 31 de mayo de 2025, tiene origen en el reclamo por la modificación unilateral de contratos dolarizados y el congelamiento tarifario aplicado durante años. La hidroeléctrica Alicurá está ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro.
Estrategia judicial del Estado
Desde la Procuración del Tesoro, que conduce Santiago Castro Videla, confirmaron que la vía más probable será la apelación para pedir la nulidad del fallo, estrategia que la Casa Rosada replica en todos los litigios internacionales. El planteo puede realizarse dentro de los 120 días posteriores al laudo, por lo que el plazo límite sería fines de septiembre.
“No tenemos plata para pagar y tampoco nos vamos a endeudar”, explican desde el oficialismo. La apelación suspendería de forma temporal la ejecución del fallo, mientras se constituye una comisión ad hoc del propio CIADI —integrada por tres árbitros independientes— para evaluar si corresponde anular el laudo.
Entre los argumentos que puede invocar Argentina figuran irregularidades en la conformación del tribunal, extralimitación de facultades, violaciones procesales o incluso sospechas de corrupción. Si el tribunal aceptara la nulidad, el caso debería volver a analizarse desde cero.
Un fallo millonario en un contexto de múltiples litigios
El reclamo original de AES Corporation ascendía a US$ 1.814 millones, con intereses que podían elevar la cifra a más de US$ 2.500 millones. El tribunal falló parcialmente a favor de la empresa, al entender que el Estado violó el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, al alterar las condiciones contractuales dolarizadas.
En la Casa Rosada se barajó la opción de compensar el pago con beneficios en la nueva licitación por la represa, eximiendo a AES del pago del canon si volvía a presentarse. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada. El Ejecutivo, además, ratificó su intención de avanzar con la privatización de otras tres represas en la región del Comahue.
Una larga lista de juicios millonarios
El caso AES se suma a otros litigios internacionales que enfrenta la Argentina. Esta semana, la Procuración también pidió la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, por un monto total de US$ 16.100 millones más intereses.
En paralelo, Argentina fue condenada a pagar US$ 147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario–Victoria, y la Corte Suprema del Reino Unido instruyó el pago de US$ 1.500 millones por el juicio del “Cupón PBI”.
Mientras el Gobierno apela para ganar tiempo y evitar pagos inmediatos, el frente judicial internacional continúa ampliándose, con fallos que amenazan con profundizar las dificultades financieras del país.
