Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado.
En la madrugada del 5 de junio, la Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en Argentina. Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado en el Senado.
La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus principales medidas, se destacan la regularización de pagos a prestadores de servicios, la actualización automática de aranceles, el fortalecimiento del sistema de pensiones no contributivas y la reforma del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Durante el debate, legisladores de distintos bloques expresaron su apoyo al proyecto, destacando la necesidad de garantizar derechos fundamentales para las personas con discapacidad. Sin embargo, desde el oficialismo se manifestaron en contra de la iniciativa, calificándola de «regresiva y asistencialista». Incluso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Ejecutivo podría vetar la ley en caso de ser aprobada en el Senado.
El impacto fiscal de la medida ha sido objeto de discusión. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el refuerzo presupuestario necesario oscilaría entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios que se incorporen al sistema.
La aprobación de esta ley representa un paso importante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, aunque su futuro aún es incierto. La atención ahora se centra en el Senado y en la posible reacción del Ejecutivo ante esta iniciativa.
