El magistrado aseguró que él cambió el lugar de detención porque «si una persona se encuentra en situación de riesgo, debo resguardar su integridad física».
El gobernador de Córdoba también habló de Santiago Maldonado y dijo que la Justicia “debe hacer caer todo el peso de la ley a los responsables de esta desaparición”.
El caso ya es investigado por juez federal Ariel Lijo. No es la primera vez que sucede algo así: una ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social fue procesada en mayo por el mismo delito.
La empresa recibió fuertes críticas por el manejo de datos en las PASO. Otro punto negativo es su déficit operativo anual, que llega a $4.000 millones.