El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto público”.
El Gobierno nacional oficializó la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, programa creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos. La medida fue formalizada mediante la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, y representa un cambio profundo en la política habitacional del Estado.
Administración de créditos vigentes
Según lo establecido por el Ministerio de Economía, los créditos otorgados bajo el programa seguirán vigentes, sin alteración de sus condiciones contractuales. La gestión de estos préstamos quedará en manos del Banco Hipotecario S.A., que continuará con el cobro de cuotas, administración legal y emisión de deuda bajo los mismos términos que el fideicomiso original.
«Las condiciones pactadas —monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pagos— no se verán modificadas», indicó la cartera económica. También aclararon que no habrá cambios unilaterales ni se afectará la seguridad jurídica de los beneficiarios actuales.
Motivos de la disolución
El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto público”. Asimismo, se argumentó que la financiación de viviendas debe ser competencia del sistema bancario comercial y no del Estado nacional.
Entre los fundamentos, se citan informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectaron demoras en la entrega de viviendas, problemas de habitabilidad, sobrecostos por atrasos, manuales desactualizados y falencias en el control de recursos públicos.
Obras sin terminar y rol de las provincias
Actualmente, existen cerca de 17.000 viviendas en distintas etapas de construcción en todo el país. A partir de esta resolución, su continuación dependerá de las provincias, municipios o del sector privado.
Algunas jurisdicciones, como Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Chubut y Río Negro, ya comenzaron a recibir los desarrollos inconclusos para su finalización con fondos locales. La modalidad de adjudicación también quedará a criterio de las autoridades locales, que podrán optar por sorteo, subastas o programas provinciales.
Destino de propiedades sin contrato vigente
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir y administrar inmuebles no adjudicados o sin contrato activo. Estas propiedades podrán ser vendidas, cedidas o devueltas a las jurisdicciones que aportaron los terrenos.
En el caso de las viviendas terminadas pero no entregadas, se analiza la posibilidad de incorporarlas al mercado a través de ventas directas, aunque aún no se definió si se ofrecerá financiamiento privado.
Proyectos sin avance o con problemas administrativos
Los 85 desarrollos urbanísticos del Pro.Cre.Ar en predios estatales, que suman aproximadamente 18.500 unidades, serán evaluados caso por caso. Si no cuentan con contratos vigentes o avances significativos, el Ministerio de Economía podrá disponer su venta o cesión.
Para los créditos aún no desembolsados o con dificultades administrativas, la Dirección de Normalización Patrimonial deberá definir los pasos necesarios para regularizar cada situación, priorizando el cumplimiento de obligaciones ya asumidas.
Nuevo enfoque en política habitacional
Con esta medida, el Gobierno avanza hacia una reconfiguración del rol estatal en la política habitacional, delegando la ejecución de viviendas a provincias, municipios y el sector privado. En adelante, el acceso al crédito hipotecario dependerá de las condiciones del mercado financiero, sin subsidios o programas nacionales orientados a sectores medios o trabajadores formales.
El Ministerio de Economía quedará a cargo de la liquidación definitiva del fondo, el control de activos remanentes y la garantía del cumplimiento de los compromisos vigentes.
