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Indagarán a Oscar Aguad por el acuerdo con Correo Argentino

  • por Periodista 360
  • 21 de diciembre, 2018

El funcionario era ministro de Comunicaciones cuando el Gobierno condonó una deuda millonaria que la empresa de la familia del Presidente mantenía con el Estado desde 2001.

El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y llamó a indagatoria a Oscar Aguad para el próximo 28 de febrero, en la causa de Correo Argentino. Investigan el supuesto delito de abuso de autoridad cuando por ese entonces el funcionario era ministro de Comunicaciones.

El fiscal también pidió esa instancia para el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher.

La Justicia analiza la deuda de la empresa comandada por el Grupo Macri y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado. para el fiscal el Estado Nacional “aceptó una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público”.

En el acuerdo, el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de 2017 la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”. Para la Fiscal dicho acuerdo, implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio multimillonario para el Estado.

Policita sostiene que hay pruebas suficientes para señalar a Aguad ya que teniendo a cargo el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado verificó en el expediente concursal del Correo, “omitió obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios”. De esta manera, el fiscal consideró que el acuerdo celebrado “ni estuvo cerca de significar para el Estado la celebración de un acuerdo de pago razonable”.

A Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher (presidente y letrado de Correo Argentino SA), respectivamente, se los señala como partícipes de la operación que otorgaba “un beneficio ilegítimo para la concursada”, ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).

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